Las excusas de los alcaldes del PP para no cumplir las promesas

El Partido Popular ha iniciado esta semana una campaña con la que quiere justificar la actuación de sus alcaldes, incluso antes de que se hayan cumplido los famosos 100 días en los que se deja trabajar a los nuevos equipos de gobierno para hacer un primer balance de gestión. Este pasado martes, el protagonista de la comparecencia informativa era el nuevo alcalde de Aljaraque, David Toscano, y ayer le tocó el turno a la nueva alcaldesa de Minas de Riotinto, Rosa María Caballero. Como todo apunta a una estrategia premeditada, en los próximos días y según la disponibilidad de cada uno de ellos, irán pasando por la sede del Partido Popular en la capital el resto de nuevos alcaldes. Y todos acudirán con el mismo estribillo bien aprendido: el Ayuntamiento que nos ha dejado el anterior equipo de gobierno, siempre socialista, está en la ruina. Que los ayuntamientos están mal económicamente es algo de sobra conocido por los ciudadanos y, sobre todo, por los proveedores que esperan meses y meses para que se les pague sus servicios. Los ciudadanos saben perfectamente que la situación económica ha repercutido de manera negativa en los ayuntamientos y que éstos tienen una difícil misión. No descubren nada nuevo estos alcaldes, que más parecen estar buscando excusas para incumplir las promesas electorales que han realizado durante la campaña electoral que otra cosa. Lo que piden los ciudadanos son soluciones y una buena gestión, y eso es lo que debieran tener bajo el brazo los alcaldes del Partido Popular que tanto se quejan ahora de cómo se han encontrado tal o cual Ayuntamiento. Si el Partido Popular quiere vender excusas de sus alcaldes puede seguir con el plan previsto, pero con ello lo único que transmite es una gran inseguridad a la ciudadanía, que lejos de recibir el mensaje positivo de que hay soluciones recibe el impacto de que sus administraciones locales están en quiebra. Ya puestos a vender quiebras y situaciones económicas apuradas pueden darles paso de manera consecutiva a los alcaldes de Huelva y Lepe, dos de los ayuntamientos en peor situación de la provincia, que no sólo tienen un déficit altísimo, sino que están dilapidando el patrimonio de todos los ciudadanos con la venta al mejor postor de servicios tan básicos como el agua.